jueves, 30 de junio de 2022

Publicaciones de nuestros investigadores

 

Integración de la sostenibilidad ambiental en la planificación de la Universidad Simón Bolívar



Gutiérrez Mijares, M. E., & Pellegrini Blanco, N. C. (2022). Integración de la sostenibilidad ambiental en la planificación de la Universidad Simón Bolívar. REMEA - Revista Eletrônica Do Mestrado Em Educação Ambiental39(Especial), 140–158. https://doi.org/10.14295/remea.v39i2.13786

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo develar los aspectos relacionados con la integración de la sostenibilidad ambiental en la función medular a partir de la planificación universitaria. Para realizar el estudio e identificar la integración o no de sostenibilidad ambiental se seleccionaron: el Plan Estratégico 2001-2014 y Plan de Gestión 2009-2013 de la Universidad Simón Bolívar. Las fuentes bibliográficas internacionales seleccionadas que servirán como base para la relación y cruce de información son: el Documento del Decenio de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2005-2015 y su Plan de Implementación. Se diseñó una ficha registro caracterizando los aspectos básicos de cada plan universitario y se definieron los criterios que se van a contrastar entre los documentos seleccionados. El estudio de enfoque etnográfico, interpretativo, utiliza criterios de agrupación y caracterización con técnicas cualitativa para el análisis de contenido y cuantitativa para las estadísticas. Se demostró disparidad y deficiencia en la representación de la sostenibilidad ambiental entre lo planificado en la universidad y lo propuesto en los lineamientos del Decenio.


Palabras clave: 

Sostenibilidad ambiental. Planificación universitaria. Evaluación de sostenibilidad.


Publicaciones de nuestros investigadores

 

El eje ambiente de la formación profesional en la Universidad José Antonio Páez, Venezuela



Flores Páez, M. Ángela, Figueredo Díaz, O. E., & Silva Pinto, M. A. . (2022). El eje ambiente de la formación profesional en la Universidad José Antonio Páez, Venezuela. REMEA - Revista Eletrônica Do Mestrado Em Educação Ambiental39(Especial), 239–255. https://doi.org/10.14295/remea.v39i2.14141 

 

Resumen

La  educación  ambiental  desde  1972  tiene  como  finampliar  las  bases  de  una  conciencia  pública informada y una conducta responsable en cuanto a la protección y mejoramiento del ambiente. Las exigencias sociales y económicas al ambiente, tras la satisfacción de las necesidades, dejan una huella que se traduce en diversos conflictos asociados a los límites biofísicos y sociales. Las  universidades  juegan  un  papel  clave  en  la formación  ambiental,  definido  en  las  agendas  internacionales  desde  1992. La Universidad José Antonio Páez, desde sus inicios ha considerado la educación ambiental en su currículo, como parte de la formación general del futuro profesional. La revisión documental sirve de base al presente trabajo, que da cuenta de su justificación de su inserción, desarrollo y de las expectativas en la formación ambiental de sus estudiantes.

Palabras-clave: Educación ambiental. Universidad. Formación profesional


viernes, 17 de junio de 2022

Población y medio ambiente

Contribuciones 

Población y medio ambiente

Por Julio César Centeno
Mérida - Venezuela 

 

Mucho se ha dicho sobre la necesidad de controlar la población de los países en desarrollo.

La población humana ha alcanzado tales proporciones que se teme exceda la capacidad del planeta para sostenerla. De los cerca de 8.000 millones que hoy tripulan nuestra nave espacial, más del 80% se encuentra en los países en desarrollo. El crecimiento de la población se encuentra también concentrado es estos países. Cada año nacen 140 millones de humanos, mientras 60 millones mueren. Cada año la población se incrementa en 80 millones. Cerca del 90% de estos nuevos tripulantes pasan a engrosar las masas de desposeídos del mundo en desarrollo.

Como consecuencia, las soluciones propuestas se encuentran dirigidas a controlar la población de los países en desarrollo. El flujo masivo de contraceptivos, esterilización en masa, dislocación cultural y aun el genocidio han sido propuestos para alcanzar este fin. Todo en nombre del medio ambiente y del «desarrollo sostenible».

Sin embargo, la mayor parte de estos argumentos, así como la mayor parte de las soluciones propuestas, son sólo el reflejo de la ignorancia, el racismo, los intereses y los prejuicios que saturan el debate internacional sobre población, desarrollo y medio ambiente.

Algunas medidas efectivas para contrarrestar el crecimiento de la población de los países en desarrollo, tales como mejoras substanciales en la educación, la salud, la nutrición y la vivienda, la creación de empleos productivos, la diversificación de la actividad económica y la exportación de productos procesados o semi-procesados en lugar de materias primas, han sido apoyadas retóricamente en negociaciones internacionales. Pero en la práctica han sido tomadas con una considerable dosis de aprehensión.

Se argumenta que tales medidas implicarían un aumento en el nivel de vida de las poblaciones afectadas, lo que conduciría a un mayor consumo de recursos naturales, de energía, agua, alimentos, minerales y productos industriales, así como a una mayor producción de desperdicios y contaminantes. Se utilizan argumentos ambientalistas para reforzar el ya poderoso interés por evitar modificaciones al profundamente injusto orden económico vigente.

El resultado ha sido el estancamiento o el deterioro de los indicadores de educación, salud y nutrición en América Latina y en otras regiones en desarrollo, el aumento del desempleo, mayor dependencia de las exportaciones de materias primas, millones migrando en busca de una vida digna, masas crecientes de seres humanos viviendo en la más extrema pobreza. Al mismo tiempo, la brecha entre el nivel de vida de países industriales y países en desarrollo ha alcanzado proporciones grotescas e inhumanas.

Cerca de 1.200 millones de seres humanos sufren de hambre y malnutrición, carecen de electricidad y agua potable en sus hogares, carecen de educación y servicios básicos de salud. Unos 14 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de hambre, sed y malnutrición. Más de la mitad de la población humana sobrevive con un ingreso inferior a 5 dólares diarios, muy por debajo del costo de la canasta básica alimentaria.

El principal impacto de la población sobre el medio ambiente se relaciona con dos variables fundamentales: (a) el consumo de recursos, y (b) la producción de desperdicios y de contaminantes. En el año 2020 había aproximadamente 7.800 millones de personas en el planeta, 17% en países industrializados y 83% en países en desarrollo. Sin embargo, los países industriales eran responsables por cerca del 76% del consumo de recursos naturales a nivel mundial. Eran también responsables por una proporción similar de la producción de desperdicios y contaminantes.

Si midiéramos el impacto ambiental de la población humana con una medida uniforme, tal como la cantidad de recursos que consume una persona promedio en países en desarrollo, o la cantidad de desperdicios y contaminantes que produce, concluiríamos que, mientras en el año 2020 habían 6.500 millones de personas en el mundo en desarrollo, el equivalente poblacional de los países industrializados era de 18.000 millones.

Desde el punto de vista del impacto ambiental, ¿Dónde está entonces localizado el problema poblacional?

Si incorporamos a la discusión la larga historia de esclavitud, explotación y miseria que por siglos ha sido impuesta a los países en desarrollo por los principales países industrializados, nos encontramos ante una gigantesca deuda ambiental, económica y social, con la que hasta ahora se ha podido escapar una minoría de la población humana, localizada en países industrializados.

El insostenible crecimiento de la población en los países en desarrollo se encuentra estrechamente vinculado a los extremos niveles de pobreza a que han sido sometidos. La pobreza de los países en desarrollo es consecuencia del orden económico internacional, diseñado por los países industriales para fortalecer sus propios intereses, e impuesto al resto del mundo por siglos.

La devastación ambiental que se observa en países en desarrollo se encuentra también vinculada a las relaciones políticas y económicas internacionales. Los países en desarrollo deben cumplir con su función de exportadores de una cantidad cada vez mayor de materias primas [recursos naturales] a un precio real cada vez menor, para mantener la producción industrial y la riqueza de los países industrializados. Los países proveedores de materias primas internalizan la mayor parte de los costos ambientales y sociales, a su vez ignorados por el sistema económico vigente. Los desperdicios y contaminantes más peligrosos de los países industriales son además exportados a los países más pobres del mundo.

Los países en desarrollo son los más afectados por los daños sociales y ambientales derivados de siglos de imposición de un orden económico internacional extremadamente inmoral e injusto. Se les ha mantenido como fuentes de recursos naturales para alimentar procesos industriales diseñados y dirigidos principalmente por intereses económicos y políticos de países industrializados. Cerca de tres cuartos de la población de los países en desarrollo se encuentra atrapada en la pobreza, con cerca de 2.000 millones de personas sometidas a condiciones extremas de desesperación, miseria y marginalidad, mientras la minoría de la población mundial en los países industrializados se enriquece cada vez más.

Cerca del 70% de las emisiones acumuladas de dióxido de carbono (CO2) en los últimos 150 años se debe al consumo excesivo de energía en los países industrializados. Las emisiones de CO2 son la principal causa del calentamiento global, amenazando la estabilidad y seguridad de toda la humanidad y de los procesos ecológicos en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo localizados en la franja tropical del planeta.

El crecimiento de la población es ciertamente uno de los principales problemas con que se enfrentan los países en desarrollo. Acciones decisivas son necesarias para resolverlo, tomando en consideración el derecho a una vida digna y el respeto que merecen las características culturales, éticas y religiosas de los diferentes sectores de la humanidad.

La falta de sistemas efectivamente democráticos de gobierno, y la profunda inequidad social, evidentes en la mayor parte de los países en desarrollo, se encuentran en la gama de aspectos donde cambios fundamentales son necesarios.

Pero el dilema de la población no debe aislarse del contexto económico y político en el que se ha gestado. La percepción del crecimiento demográfico en países en desarrollo como el responsable de la debacle ambiental mundial, es una falacia que debe ser erradicada. Sin embargo, se encuentra profundamente arraigada en la política internacional de la mayoría de los países industriales, como parte de su determinación por mantener el orden internacional existente, independientemente de cuan profundamente injusto sea para la mayor parte de la humanidad.

 

Informe completo en este enlace

 

Jc-centeno@outlook.com

jueves, 5 de mayo de 2022

La destrucción de bosques en Venezuela

Contribuciones 

La destrucción de bosques en Venezuela

El gobierno nacional consignó un documento en la COP26 del Acuerdo de París, en Glasgow diciembre 2021, en donde señala que no detendrá la deforestación en el país, que se continuará con la destrucción de al menos un millón de hectáreas de bosques naturales para el 2030, a una tasa promedio de 100.000 hectáreas por año durante 10 años consecutivos (2021-2030), dejando abierta la posibilidad de continuar la destrucción después del 2030.

Venezuela se abstuvo de suscribir la Declaración de Bosques de la COP26, en la que 140 países se comprometieron a detener la deforestación para el 2030 a más tardar.

(Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus Efectos. Josué Alejandro Lorca Vega, Ministro del Poder Popular para el Eco. Noviembre 2021).  


Por

Julio César Centeno
Mérida - Venezuela
  

Venezuela ha destruido 12 millones de hectáreas de bosques naturales en los últimos 40 años. Una superficie del tamaño de Cuba (11,1 MM ha) o Nicaragua (13 MM ha), del tamaño de Grecia y la mitad del Reino Unido.

Según el Ministerio de Eco-Socialismo, en documento suscrito ante el Acuerdo de París en diciembre 2021, esta destrucción suicida continuará a una tasa de 100.000 hectáreas por año durante el período 2021-2030. Sin explicación o justificación alguna, Venezuela se niega a fijar un año límite para detener la destrucción.

La devastación del patrimonio forestal de Venezuela ha sido tan severo que, en la mitad norte del país, al norte del Orinoco (45 millones de hectáreas), donde se encuentra cerca del 90% de la población, menos del 16% de la superficie se encuentra hoy cubierta por bosques, en su mayor parte severamente fraccionados, degradados e intervenidos, reliquias de lo que alguna vez fueron majestuosas selvas tropicales. Una proporción similar a la de países africanos al sur del Sahara.

Mientras que al sur del Orinoco (47 millones de hectáreas), cerca del 80% de la superficie aún se encuentra cubierta por bosques.

Venezuela es uno de los ocho países de mayor riqueza en biodiversidad del mundo, con una base genética de incomparable valor medicinal, químico, industrial y estratégico, tanto para el país como para el resto del mundo. Aquí se encuentra el 15% de las especies de aves del planeta; más especies de mamíferos de los que se encuentran en toda África al sur del desierto del Sahara; más especies de plantas de las que se encuentran en Estados Unidos y Canadá juntos; más especies de árboles y peces que en toda Europa.

La mayor parte de esta fabulosa riqueza genética se encuentra relacionada con los bosques del país. Estos a la vez son fuente de agua, alimentos, oxígeno, fibras, maderas, minerales, medicinas, recursos genéticos, resinas, aceites, alcaloides, energía, materiales de construcción y otros productos. Manejados adecuadamente podrían convertirse en un significativo componente del desarrollo nacional.

La deforestación en Venezuela beneficia principalmente a un minúsculo grupo de empresarios, ganaderos, agricultores, madereros y mineros. En complicidad con la red de corrupción que permea el servicio forestal del Ministerio de Eco-socialismo, sirve además como mecanismo perverso para transferir la propiedad de la tierra del sector público al privado.

La tasa de destrucción de bosques naturales en Venezuela es totalmente injustificada. Es normalmente la principal causa de las inundaciones, las sequías y el desabastecimiento de agua que sufre más de la mitad de la población venezolana.

La deforestación anunciada por el gobierno nacional ante la ONU implica además la emisión de aproximadamente 60 millones de toneladas de CO2 anuales, 600 millones durante el período 2021-2030, sólo por concepto de biomasa aérea y tomando en consideración que las tierras deforestadas normalmente han sido previamente intervenidas y degradadas.

En el documento oficial en el que se anuncia esta trágica decisión, no se menciona justificación alguna, como si no fuese necesario, además de obligatorio, informar debidamente a la población al respecto.



Misión Árbol

En declaración pública del 30 de mayo 2021, el ministro de Eco-Socialismo, Josué Alejandro Lorca, recalcó que la Misión Árbol desde su creación en el 2006 ha sembrado 31 millones de árboles y ha reforestado 28 mil hectáreas en todo el país.

Se desprende que la superficie reforestada promedia 1.870 hectáreas por año. Durante ese mismo período, 2006-2021, se deforestaron 2.200.000 hectáreas de bosques naturales, a una tasa m de 147.000 hectáreas por año. La tasa de reforestación de la que alardea el Ministro de Eco-Socialismo es equivalente a apenas 1% de lo deforestado en ese mismo período.

El documento consignado ante la ONU menciona la reforestación de 3.000 hectáreas para el secuestro de carbono, cuando la tasa actual de deforestación es de 100.000 hectáreas por año. También se refiere a la plantación de 155.000 hectáreas en 8 años “para fomentar que las empresas plantadoras aumenten su superficie de manejo”. Da a entender que el plan de gobierno es reforestar 3.000 hectáreas en beneficio colectivo, y 155.000 hectáreas como subsidio a la empresa privada.

Degradación de bosques

Las emisiones de CO2 provenientes de la degradación de bosques es una variable normalmente ignorada, a pesar de tender a duplicar la contribución a las emisiones de CO2 por deforestación. En Venezuela, un territorio boscoso puede perder hasta el 80% de su biomasa forestal sin que tal destrucción sea incluida ni en las estadísticas de deforestación, ni en la contabilidad de emisiones de CO2. Sólo cuando la destrucción es extrema, sólo cuando la cobertura forestal se reduce a menos del 10% del territorio, es que se contabiliza como área deforestada. De esta manera se encubre con perversidad tanto una masiva degradación de los bosques del país, en beneficio privado, como su significativo aporte a las emisiones nacionales de CO2.

La administración forestal en Venezuela ha sido prostituida a tal extremo que enormes territorios que hoy son potreros, pastizales y tierras de cultivo, bajo propiedad privada, continúan siendo incluidos en las estadísticas nacionales como bosques naturales propiedad de la nación. De esta manera se encubren gigantescos delitos, la expropiación ilegítima de riquezas naturales y la transferencia ilícita de enormes superficies al sector privado.

Ejemplos abundan, aunque los más vergonzosos son los relacionados con las reservas forestales del país. Las reservas forestales, decretadas a inicios de los 60, son bosques públicos de carácter permanente. No son tierras para la conversión a la ganadería o la agricultura. Ni lo son para la transferencia al sector privado. 

La reserva forestal de Turén, en el estado Portuguesa, excepcionalmente rica en biodiversidad, tanto vegetal como animal, originalmente con 116.400 hectáreas de selvas espectaculares, ricas además en Caoba, Cedro, Pardillo y otras maderas valiosas, fue totalmente destruida. Solo quedan minúsculos reductos que, juntos, suman aproximadamente el 5% de la superficie boscosa original. Hoy son lujosas fincas, tierras privadas de facto. Sin embargo, el gobierno continúa contabilizándola como reserva forestal y bosque natural en su extensión original (MinEc – Anuario Estadístico Forestal 2018, el más reciente disponible hasta la fecha).

Lo mismo ocurre con las reservas forestales de Caparo (174.400 ha), Ticoporo (187.200 ha), San Camilo (97.100 ha), Río Tocuyo (48.000 ha), Guarapiche (370.000 ha) y el bosque de San Pedro, entre otros territorios boscosos saqueados, destruidos y expropiados al país en los últimos 40 años.



Los bosques originales de todas estas reservas forestales han sido destruidos en más de un 85%. Los remanentes son patéticas manchas boscosas, intervenidas y degradas. En Ticoporo se persiguió, en cacería, hasta el último mono que sobrevivía en sus árboles. En Caparo apenas sobrevive un pedazo entregado a la Universidad de Los Andes en comodato, apenas 7.000 ha (4%), bajo constante asedio por las mafias de la tierra, en contubernio con funcionarios públicos, militares, paramilitares y narcotraficantes.

En Venezuela, las figuras jurídicas de reserva forestal y lote boscoso se refieren a bosques delimitados para la explotación sostenible de maderas con fines industriales. La obligatoriedad del manejo sostenible de las concesiones forestales se encontraba establecida tanto en la legislación correspondiente, como en planes de manejo aprobados por el gobierno. La supervisión del cumplimiento de tales leyes y prácticas operativas es del Ministerio de Eco-Socialismo, antes Ministerio de Ambiente.

Unas 13 millones de hectáreas de majestuosas selvas naturales fueron delimitadas para tal fin cuando se repartió el país a inicios de los 60. Cerca de 4 millones de hectáreas fueron entregadas a empresas privadas para la explotación sostenible, de acuerdo con directrices técnicas y jurídicas impuestas por el Estado, para garantizar su permanencia como recurso natural propiedad de la nación.

En teoría.

En la práctica, plagada de corrupción, la dura realidad es un insulto a la nación, a generaciones futuras y a la profesión forestal. Los majestuosos bosques entregados en concesión fueron explotados como si fuesen minas, literalmente saqueados para enriquecer a un minúsculo grupo de empresarios y políticos, con la complicidad de los burócratas gubernamentales encargados de supervisar el cumplimiento de la reglamentación vigente.

El manejo forestal sostenible ha sido más un mito que una realidad. Las tierras entregadas en concesión a empresarios son hoy potreros en propiedad privada. Ninguno de los empresarios, ninguno de los funcionarios públicos involucrados, ha sido imputado por estos gigantescos crímenes contra el patrimonio de la Nación.

La destrucción del patrimonio forestal es una de las principales causas del desequilibrio ecológico del país, corroe las garantías de un desarrollo económico sostenible y compromete la seguridad y el bienestar de generaciones futuras.

Es necesario definir una estrategia para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bosques nacionales. Es necesario evitar que el desarrollo lleve implícito la destrucción del patrimonio forestal y genético de la nación.

Conviene que el gobierno nacional someta a consideración pública los motivos que lo impulsan a sacrificar otro millón de hectáreas de bosques naturales durante el período 2021-2030. Por el bien de generaciones futuras, Venezuela debe comprometerse a detener la destrucción de los bosques naturales del país para el 2030 a más tardar.

Documento completo en este enlace

Jc-centeno@outlook.com

viernes, 27 de marzo de 2020

Ambiente y Universidades Sostenibles. Capitulo Venezuela

Investigación interinstitucional (2016-2017)


Propósito: 
Conocer a través de la aplicación de un grupo de indicadores RISU (Red de Indicadores de sustentabilidad Universitaria, 2014), la situación de los temas de ambiente y sostenibilidad en la gestión de universidades venezolanas, para propiciar la reflexión interna sobre las tareas pendientes y avanzar en la gestión ambiental hacia instituciones sostenibles, en dos sentidos

  • Por la propia aplicación del instrumento RISU y confrontación de información de las diferentes dimensiones de análisis en personas con cargos gerenciales. 
  • Por la presentación de los resultados, como compromiso de cada investigador, en el órgano de mayor representatividad en las universidades participantes. 

Este Capítulo Venezuela permitió contar con una línea base para mejorar la gestión ambiental universitaria y observar los cambios en forma referencial; así como, reconocernos en la visión de universidades sostenibles para compartir experiencias y fortalecer el trabajo en red. Por otra parte, dar a conocer el grupo de indicadores permitirá que las universidades se repiensen en acciones concretas con el compromiso de superar debilidades en sus funciones sustantivas desde un sistema de indicadores. También este documento es respuesta de REDVUA, luego de participar en la Red de Indicadores de Sostenibilidad Universitaria (RISU, 2014), como producción de la unificación de esfuerzos de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y le Ambiente (ARIUSA) ante la convocatoria de la Universidad Autónoma de Madrid bajo la coordinación del Dr. Javier Benayas. Allí cada red universitaria de nueve países latinoamericanos asumió el compromiso de elaborar con los datos el Capítulo país. En el caso Venezuela, en aquel momento, solo participaron seis (6) universidades, por tanto era necesario ampliar la intervención para obtener mayor representatividad, en tal sentido para la conformación del Capítulo Venezuela se logró que el compromiso lo asumieran 17 universidades a nivel nacional. 


Enlace del libro: https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/2017-12-01_redvua_libro_completo.pdf

María Angela Flores-P. 
27/03/2020

Informe de Resultados del Proyecto RISU





En el marco de la cooperación para la investigación de universitarios comprometidos con el tema de la sustentabilidad y el ambiente, la Red Venezolana de Universidades por el Ambiente (REDVUA) con el aval de las autoridades de las casas de estudio a la cual pertenecen, seis universidades venezolanas, con el debido aval de las autoridades de las casas de estudio que les cobijan, participan en el año 2014 en el Proyecto Definición de indicadores para la evaluación de las políticas de sustentabilidad en Universidades Latinoamericanas (Proyecto RISU), impulsado por la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA) 

Este proyecto estuvo dirigido por Javier Benayas, desde Universidad Autónoma de Madrid, institución que tiene entre sus políticas el compromiso con el ambiente, así como la colaboración y compromiso con universidades e instituciones de educación superior Latinoamérica. Participaron 11 redes universitarias ambientales y 65 universidades de 10 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Este proyecto recibió apoyo económico del Banco Santander y sus resultados se publican con un financiamiento de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el compromiso de su divulgación en la región y  el mundo. Asimismo, se espera que inspirare a otras universidades a emprender el camino hacia la sostenibilidad.

De venezuela participaron 6 universidades. 

Enlace para la descarga del informe: 

María Ángela Flores-P. 
27/03/2020

miércoles, 25 de marzo de 2020

Comentarios sobre libros


Sobre el tema del agua.

Los derechos humanos al agua y al saneamiento: 

una visión desde el Derecho Internacional, Europeo y Español 



A propósito del del día del agua, celebrado el 22 de marzo de cada año, se comparte el resumen y el link del libro de Estrada Tanck


Resumen: Este estudio analiza la evolución y articulación en el contexto internacional de los derechos humanos al agua y, más recientemente, al saneamiento, como derechos autónomos de otros derechos fundamentales y con implicaciones diferenciadas para los mecanismos de protección y exigibilidad de los derechos humanos en conjunto. El texto examina también las expresiones de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el derecho europeo, tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea, así como de su consideración explícita e implícita en el derecho interno español. Finalmente, se sugieren alternativas para contribuir a un mayor desarrollo conceptual de ambos derechos humanos, y a su realización concreta como prerrogativas estrechamente ligadas a la dignidad humana reconocida por diversos instrumentos jurídicos contemporáneos.


D. Estrada-Tanck   (2016). Los derechos humanos al agua y al saneamiento: una visión desde el Derecho Internacional, Europeo y Español. Disponible en 
https://www.academia.edu/36004737/Los_derechos_humanos_al_agua_y_al_saneamiento_una_visi%C3%B3n_desde_el_Derecho_Internacional_Europeo_y_Espa%C3%B1ol?email_work_card=title

Adelina Colmenarez
22/03/2020

El humano derecho al agua


“La privación de agua limpia y saneamiento básico destruye más vidas que cualquier guerra o acto terrorista.”
 (PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2006)
Por: Adelina Comenarez
22/03/2020

Cada año, el 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, en éste, 2020, no habrá celebraciones, el mundo está paralizado, justamente por una amenaza que se mitiga con un poco de agua, lavándose las manos.
Pero, ¿cómo atenuarla?, cuando en el mundo millones de personas carecen de ese líquido y son víctimas de la violación del elemental derecho a la vida, al ser privadas  del Humano derecho  al agua.
La interdependencia entre la disponibilidad de agua con el derecho a la vida, la salud, la dignidad de las personas, llevó a que ese servicio fuera considerado como un derecho humano en el 2010,  reconocido  como  el derecho de todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y día) y que sea segura, aceptable y asequible (el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar), y accesible físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos). (Naciones Unidas, 2010).
¿Se cumplen estas condiciones en Venezuela?
Conforme a la medición del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, (2020) realizada durante el mes de diciembre, el 65,9% de los habitantes de las diez de las principales ciudades del país, califican el servicio de agua potable que reciben en sus hogares en forma negativa, pese a que el 91,8% de toda la muestra indica tener acceso formal a tuberías, lo cual no significa que reciban el agua.
Asimismo,  de acuerdo al Balance Anual  Ambiental, presentado por Vitalis (2020),  la situación actual del suministro de agua potable constituyó uno de los problemas sanitarios más graves en el año 2019,  cuyos efectos sobre la calidad de vida y en términos ambientales se observan tanto en las ciudades como en el ámbito rural.
Durante ese año aumentó la escasez debido a las graves fallas en el servicio eléctrico, desde el mes de marzo, que afectaron,  y continúan afectando, las estaciones de rebombeo, por lo cual la gente se vio obligada a recoger el líquido incluso en redes de aguas servidas, con un grave riesgo epidemiológico en la población.
Los expertos consultados en el Informe coincidieron en señalar que durante el año 2020, el tema de los recursos hídricos debe recibir atención prioritaria, tanto por las instancias gubernamentales como por los ciudadanos en general: para el 87% es urgente prestar cuidado al monitoreo de la calidad del agua, el 84% al monitoreo de las cuencas hidrográficas y el 77% a la gestión integrada de los recursos hídricos (OVSP, 2020)
Entonces, ¿Por qué se dice que se violan los derechos humanos a estos ciudadanos?  Un poco de historia sobre los objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el derecho al agua:
En septiembre del año 2000, ante las expectativas generadas por el nacimiento del nuevo siglo, se llevó a cabo la Cumbre del Milenio, donde se reunió a 191 países. Allí se establecieron los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio para orientar las acciones a seguir con el propósito fundamental de erradicar la pobreza y el hambre en el mundo para el año 2015, así como la lucha contra el analfabetismo, la falta de educación, la desigualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y materna, la enfermedad y la degradación del medio ambiente, además de crear alianzas en el mundo a favor del desarrollo. (ONU, 2000).
Estos objetivos constituyeron un marco normativo para orientar la formulación de políticas públicas dirigidas a propiciar el desarrollo humano. El logró de las metas establecidas se vinculó con la disponibilidad de agua potable; por ejemplo, con la mejora en la capacidad de producción de alimentos, lo cual favorece la disminución del hambre, con ello progresarán las condiciones de salud de las personas, con incidencia sobre el descenso de la mortalidad infantil y materna, en la propagación de grandes enfermedades, como el sida y la malaria, en general se dispondrá de hábitat más limpios y saludables que modificarán las condiciones de vida de las personas. (Organización de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, 2003).
En septiembre de 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó  la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para dar continuidad a las anteriores, sobre desarrollo humano y desarrollo sostenible, con el propósito de ser una agenda internacionalmente consensuada para la construcción de un modelo de desarrollo que garantice el bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta. Ella contiene 17 objetivos y 169 metas, interconectadas, debido a la integralidad y relación entre los fenómenos sociales, económicos y ambientales.
Considerando la vinculación entre los objetivos se formuló el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6  «Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos», planteado para que contribuya con el progreso de otros ODS, especialmente en salud, educación, crecimiento económico y medio ambiente.
Esta agenda es considerada toda una declaración de intenciones sobre derechos humanos, abarca desde el derecho humano al agua, la violencia de género el derecho a una vivienda adecuada, trata de apuntalar la responsabilidad de todos los países, ricos y pobres, para enfrentar la pobreza, desigualdad e injusticia y reforzar la cooperación internacional, (Sainz, 2018), y  será decisivo mantener este enfoque para darle seguimiento a las políticas sociales, económicas, fiscales a ser llevadas a cabo por cualquier  estado en los próximos años  y un parámetro para exigir y evaluar a los gobiernos su cumplimiento,  esto último de particular importancia y necesidad ante la coyuntura de la pandemia que atraviesa la humanidad.
El 28 de julio de 2010 la Organización de las Naciones Unidas, (ONU, 2010) reconoció el derecho humano al agua, expresado en la Resolución A/64/L.63/, declaración que debería tener implicaciones en las políticas públicas de los Estados ya que para disponer de los servicios de agua potable y saneamiento se requieren grandes inversiones, por lo cual se plantea la disyuntiva sobre calificarlo como bien económico o bien social, para garantizar el acceso con equidad especialmente a los más pobres:
1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;
2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacional, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.
Los gobiernos tienen el deber de garantizar que todo el mundo tenga acceso a esos servicios en un plazo aceptable, por tanto deben adoptar leyes, políticas y programas adecuados y garantiza los recursos y sistemas de control necesarios. Pero también otros entes, como las familias, docentes, líderes religiosos, autoridades tribales, empresas del sector privado, organizaciones sociales y cualquier otro agente con compromisos, deberes y responsabilidades respecto a la garantía y realización del derecho, derivado ello de la corresponsabilidad social.
 La garantía del derecho al agua y saneamiento pasa a ser una obligación legal y universal, que abarca otros aspectos como son el flujo de ayuda financiera, la asistencia técnica y los sistemas equitativos de comercio internacional, (Romero, Fernández y Guzmán, 2013), lo cual tendrá mayor relevancia en el futuro en el marco la pandemia por el corona virus que está arrastrando a una crisis a la economía mundial.
Una amenaza recién descubierta por la humanidad, el COVID-19, viene a recordar nuevamente, que un abastecimiento adecuado de agua es indispensable  para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas  con este recurso y para satisfacer las necesidades de consumo, de higiene personal y doméstica, así que en esta coyuntura que atraviesa la raza humana disponer de este bien,  como nunca, garantiza la vida; pero, ¿cómo  aplicar las recomendaciones harto conocidas de lavarse las manos, cuando no dispones de una gota de agua en tu casa y todas las condiciones son adversas para proveerte de ella?
En este desconocido escenario de incertidumbre que  atraviesa a la humanidad, el acceso al agua y saneamiento no puede seguir corriendo  riegos de recortes a los recursos que se asignen a este sector, en particular por los organismos internacionales, y dificulten a un más las posibilidades de avanzar hacia el objetivo 6, y en consecuencia, se aleje el derecho de todos a satisfacer un humano derecho al agua, como reza el eslogan “agua para todos, agua para la vida”
La necesidad de la gestión pública eficiente para enfrentar los problemas vinculados con la crisis del agua, fue  uno de los aspectos destacados por el PNUD en el Informe sobre Desarrollo Humano 2006, donde se afirma que se aborda un tema con profundas repercusiones para el potencial humano. Cuando en este informe se analiza la función que cumplen el agua y el saneamiento sobre el desarrollo humano, se enuncia en último lugar “Garantizar el sentido de la dignidad humana”, aunque el término puede parecer subjetivo, éste debería ser el primer objeto del desarrollo, a partir de  ese sentido el ser humano encuentra la expresión de la humanidad, el respeto a sí mismo y en consecuencia la alteridad y convivencia con el otro,  por lo cual puede afirmarse que la disponibilidad de agua potable y saneamiento trasciende la necesidades físicas del ser humano, para alcanzar las necesidades espirituales, como evoca el sentido de lo que debe ser el desarrollo humano sostenible, de allí la necesidad de ser considerada como un derecho humano fundamental, el humano derecho al agua.
Referencias
Vitalis (2020).  Situación Ambiental de Venezuela 2019-2020. Balance Anual Ambiental.  Caracas, 30 de enero de 2020. Disponible https://drive.google.com/file/d/0B319HZr6QgAoOTdwZXp4LUlhMDBPYk5WS2M2RjF6QzRVVTVV/view
PNUD (2006): Informe Sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la Escasez. Poder, Pobreza y la Crisis Mundial del Agua. Programa de Naciones Unidas para el desarrollo.
NACIONES UNIDAS: Asamblea General de Naciones Unidas (2010): Resolución A/RES/64/292. El derecho humano al agua y saneamiento. Aprobada el 28 julio 2010. http://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml
Romero E., Fernández Aller C. y Guzmán C.  (2013) Derecho humano al agua y al saneamiento: derechos estrechamente vinculados al derecho a la vida 3 Documentación Social 170 Pág. 202 al 236
Sainz I.  (2018) La Agenda 2030 y los Derechos Humanos. En UNESCO. Transforma nuestro mundo, ¿realidad o ficción?  Etxea Centro Unesco del País Vasco. Disponible  http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/transformar_nuestro_mundo.pdf


Sociedades vulnerables e insostenibles


Por: Andrés Aguiar Zuluaga, Dr
Profesor UPEL –IMPM,
Comunicador Social  



La grave crisis humanitaria causada por el CORONAVIRUS nos lleva a instituir que somos una sociedad vulnerable e insostenible fundamentalmente en aquellas regiones con menos recursos financieros y deficientes servicios públicos entre ellos agua potable, salud y educación.  Realidad que lleva a los gobiernos a la necesidad de implementar nuevas políticas públicas en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, dirigidas a reducir las desigualdades sociales y económicas. Con el propósito de impulsar la sostenibilidad social que conduzca a un mayor acceso e igualdad social, al respeto por los derechos humanos y, a mejoras en materia de salud y educación.



En este contexto, la pandemia COVID-19, fue declarada por la Organización Mundial de Salud como una emergencia de salud pública. Situación que obligó a los gobernantes de distintos países a realizar gestiones de coordinación y cooperación para enfrentar el coronavirus en sus regiones. Todo esto nos indica que los gobiernos deben prestar mayor atención a la inversión en los sectores salud y educación entre otros, además de promover la investigación sobre salud pública y mejores presupuestos para la infraestructura hospitalaria y equipos médicos. A fin de garantizar óptimos servicios a la ciudadanía.



Finalmente, el COVID-19 nos demostró que somos una sociedad vulnerable e insostenible ante cualquier crisis sanitaria o fenómeno natural que se nos presente. Por consiguiente queda a los gobiernos tomar las previsiones económicas y políticas en función de responder de manera eficiente en contingencias futuras que puedan sobrevenir.



Andrés Aguiar Zuluaga
Premio Regional de Periodismo 2004. 
20/03/2020

miércoles, 5 de febrero de 2020

Proyecto: Avances y retrocesos de la responsabilidad ambiental en las universidades venezolanas: una cuestión de derechos humanos

Considerando la actual crisis venezolana en materia de derechos humanos (ONU, 2019) y violación a las normativas ambientales (Álvarez, 2019) la Red Venezolana de Universidades por el Ambiente (REDVUA), ajustada a sus propósitos de creación, acordó con algunos de sus integrantes monitorear la situación ambiental dentro de las universidades  la responsabilidad y compromisos. De tal manera identificar y reportar la violación a los Derechos Humanos (DDHH) que se vive en las universidades venezolanas, en una constante falta de servicios básicos, actualizaciones académicas y recursos financieros para el adecuado funcionamiento. 

La metodología será a través de cuestionarios digitales con preguntas abiertas y en algunos casos algunos datos cuantitativos que demuestren los hechos, los mismos serán aplicados a informantes clave de universidades que forman parte de REDVUA. El alcance de esta investigación será la denuncia y registro histórico de hechos que acontecen dentro de las instituciones por el ataque sistemático a la libertad de pensamiento crítico y disminución de recursos financieros; producto, entre otras cosas, de la inflación desmedida que se vive en los últimos años.


Desde un abordaje de DDHH, se trabajaran las áreas que se iniciaron con el Proyecto RISU (2014)





Investigadores comprometidos y universidades de filiación: 

  • Carelia Hidalgo ( FURG-Brasil)
  • Adelina Colmenarez (UCLA, Barquisimeto, Lara, Venezuela)
  • María Angela Flores P. (UC, Valencia, Carabobo, Venezuela)
  • Andrés Aguiar (UPEL-IMPM Caracas, Venezuela) 
  • María Elena Hidalgo (UPEL-JMSM-Caracas, Venezuela)
  • Ana Bracho (IUDAG, Caracas, Venezuela) 
  • Nila Pellegrini Blanco (USB, Caracas, Venezuela)
  • Roxy Pérez (UC, Valencia, Carabobo, Venezuela)
  • Abel Rodríguez (Unesur, Santa Bárbara, Zulia, Venezuela) 
  • Geovanni Siem (UCV, Caracas, Venezuela)
  • Joaquín Benítez (UCAB, Caracas, Venezuela) 
  • Mariadela Mendoza (UNELLEZ, Barinas, Venezuela)
  • Olga Ochoa (UNELLEZ, San Carlos, Cojedes, Venezuela)  
Referencias

Álvarez, A. (22 de junio de 2019) Carta a Michelle Bachelet por la situación de los derechos humanos ambientales en Venezuela. [Mensaje en un blog] Recuerado de    http://forotuqueque.blogspot.com/2019/
Benayas, J. et al. (2014) Proyecto RISU. Resumen Ejecutivo Proyecto RISU. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid y Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente. 52 p.,  

COP27: La Traición

  COP27: La Traición Julio César Centeno Tras 30 años de negociaciones infructuosas sobre el calentamiento global en el seno de la ONU, su S...