jueves, 30 de junio de 2022
Publicaciones de nuestros investigadores
Publicaciones de nuestros investigadores
El eje ambiente de la formación profesional en la Universidad José Antonio Páez, Venezuela
Flores Páez,
M. Ángela, Figueredo Díaz, O. E., & Silva Pinto, M. A. . (2022). El eje
ambiente de la formación profesional en la Universidad José Antonio Páez,
Venezuela. REMEA - Revista Eletrônica Do Mestrado Em Educação Ambiental, 39(Especial),
239–255. https://doi.org/10.14295/remea.v39i2.14141
Resumen
La
educación ambiental desde
1972 tiene como
finampliar
las bases de
una conciencia pública informada y una
conducta responsable en cuanto a la protección y mejoramiento del ambiente. Las
exigencias sociales y económicas al ambiente, tras la
satisfacción de las necesidades, dejan una huella que se traduce en diversos conflictos asociados
a los límites biofísicos y sociales. Las
universidades juegan un
papel clave en la formación ambiental,
definido en las
agendas internacionales desde
1992. La Universidad José Antonio Páez, desde sus inicios ha
considerado la educación ambiental en su currículo, como
parte de la formación general del futuro profesional.
La revisión documental sirve de base al presente trabajo, que da cuenta de su
justificación de su inserción, desarrollo y de las expectativas en
la formación ambiental de sus estudiantes.
Palabras-clave: Educación ambiental. Universidad. Formación profesional
viernes, 17 de junio de 2022
Población y medio ambiente
Contribuciones
Población y medio ambiente
Mérida - Venezuela
Mucho se ha dicho sobre la necesidad de controlar la población de los países en desarrollo.
La población humana ha alcanzado tales proporciones que se teme exceda la capacidad del planeta para sostenerla. De los cerca de 8.000 millones que hoy tripulan nuestra nave espacial, más del 80% se encuentra en los países en desarrollo. El crecimiento de la población se encuentra también concentrado es estos países. Cada año nacen 140 millones de humanos, mientras 60 millones mueren. Cada año la población se incrementa en 80 millones. Cerca del 90% de estos nuevos tripulantes pasan a engrosar las masas de desposeídos del mundo en desarrollo.
Como consecuencia, las soluciones propuestas se encuentran dirigidas a controlar la población de los países en desarrollo. El flujo masivo de contraceptivos, esterilización en masa, dislocación cultural y aun el genocidio han sido propuestos para alcanzar este fin. Todo en nombre del medio ambiente y del «desarrollo sostenible».
Sin embargo, la mayor parte de estos argumentos, así como la mayor parte de las soluciones propuestas, son sólo el reflejo de la ignorancia, el racismo, los intereses y los prejuicios que saturan el debate internacional sobre población, desarrollo y medio ambiente.
Algunas medidas efectivas para contrarrestar el crecimiento de la población de los países en desarrollo, tales como mejoras substanciales en la educación, la salud, la nutrición y la vivienda, la creación de empleos productivos, la diversificación de la actividad económica y la exportación de productos procesados o semi-procesados en lugar de materias primas, han sido apoyadas retóricamente en negociaciones internacionales. Pero en la práctica han sido tomadas con una considerable dosis de aprehensión.
Se argumenta que tales medidas implicarían un aumento en el nivel de vida de las poblaciones afectadas, lo que conduciría a un mayor consumo de recursos naturales, de energía, agua, alimentos, minerales y productos industriales, así como a una mayor producción de desperdicios y contaminantes. Se utilizan argumentos ambientalistas para reforzar el ya poderoso interés por evitar modificaciones al profundamente injusto orden económico vigente.
El resultado ha sido el estancamiento o el deterioro de los indicadores de educación, salud y nutrición en América Latina y en otras regiones en desarrollo, el aumento del desempleo, mayor dependencia de las exportaciones de materias primas, millones migrando en busca de una vida digna, masas crecientes de seres humanos viviendo en la más extrema pobreza. Al mismo tiempo, la brecha entre el nivel de vida de países industriales y países en desarrollo ha alcanzado proporciones grotescas e inhumanas.
Cerca de 1.200 millones de seres humanos sufren de hambre y malnutrición, carecen de electricidad y agua potable en sus hogares, carecen de educación y servicios básicos de salud. Unos 14 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de hambre, sed y malnutrición. Más de la mitad de la población humana sobrevive con un ingreso inferior a 5 dólares diarios, muy por debajo del costo de la canasta básica alimentaria.
El principal impacto de la población sobre el medio ambiente se relaciona con dos variables fundamentales: (a) el consumo de recursos, y (b) la producción de desperdicios y de contaminantes. En el año 2020 había aproximadamente 7.800 millones de personas en el planeta, 17% en países industrializados y 83% en países en desarrollo. Sin embargo, los países industriales eran responsables por cerca del 76% del consumo de recursos naturales a nivel mundial. Eran también responsables por una proporción similar de la producción de desperdicios y contaminantes.
Si midiéramos el impacto ambiental de la población humana con una medida uniforme, tal como la cantidad de recursos que consume una persona promedio en países en desarrollo, o la cantidad de desperdicios y contaminantes que produce, concluiríamos que, mientras en el año 2020 habían 6.500 millones de personas en el mundo en desarrollo, el equivalente poblacional de los países industrializados era de 18.000 millones.
Desde el punto de vista del impacto ambiental, ¿Dónde está entonces localizado el problema poblacional?
Si incorporamos a la discusión la larga historia de esclavitud, explotación y miseria que por siglos ha sido impuesta a los países en desarrollo por los principales países industrializados, nos encontramos ante una gigantesca deuda ambiental, económica y social, con la que hasta ahora se ha podido escapar una minoría de la población humana, localizada en países industrializados.
El insostenible crecimiento de la población en los países en desarrollo se encuentra estrechamente vinculado a los extremos niveles de pobreza a que han sido sometidos. La pobreza de los países en desarrollo es consecuencia del orden económico internacional, diseñado por los países industriales para fortalecer sus propios intereses, e impuesto al resto del mundo por siglos.
La devastación ambiental que se observa en países en desarrollo se encuentra también vinculada a las relaciones políticas y económicas internacionales. Los países en desarrollo deben cumplir con su función de exportadores de una cantidad cada vez mayor de materias primas [recursos naturales] a un precio real cada vez menor, para mantener la producción industrial y la riqueza de los países industrializados. Los países proveedores de materias primas internalizan la mayor parte de los costos ambientales y sociales, a su vez ignorados por el sistema económico vigente. Los desperdicios y contaminantes más peligrosos de los países industriales son además exportados a los países más pobres del mundo.
Los países en desarrollo son los más afectados por los daños sociales y ambientales derivados de siglos de imposición de un orden económico internacional extremadamente inmoral e injusto. Se les ha mantenido como fuentes de recursos naturales para alimentar procesos industriales diseñados y dirigidos principalmente por intereses económicos y políticos de países industrializados. Cerca de tres cuartos de la población de los países en desarrollo se encuentra atrapada en la pobreza, con cerca de 2.000 millones de personas sometidas a condiciones extremas de desesperación, miseria y marginalidad, mientras la minoría de la población mundial en los países industrializados se enriquece cada vez más.
Cerca del 70% de las emisiones acumuladas de dióxido de carbono (CO2) en los últimos 150 años se debe al consumo excesivo de energía en los países industrializados. Las emisiones de CO2 son la principal causa del calentamiento global, amenazando la estabilidad y seguridad de toda la humanidad y de los procesos ecológicos en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo localizados en la franja tropical del planeta.
El crecimiento de la población es ciertamente uno de los principales problemas con que se enfrentan los países en desarrollo. Acciones decisivas son necesarias para resolverlo, tomando en consideración el derecho a una vida digna y el respeto que merecen las características culturales, éticas y religiosas de los diferentes sectores de la humanidad.
La falta de sistemas efectivamente democráticos de gobierno, y la profunda inequidad social, evidentes en la mayor parte de los países en desarrollo, se encuentran en la gama de aspectos donde cambios fundamentales son necesarios.
Pero el dilema de la población no debe aislarse del contexto económico y político en el que se ha gestado. La percepción del crecimiento demográfico en países en desarrollo como el responsable de la debacle ambiental mundial, es una falacia que debe ser erradicada. Sin embargo, se encuentra profundamente arraigada en la política internacional de la mayoría de los países industriales, como parte de su determinación por mantener el orden internacional existente, independientemente de cuan profundamente injusto sea para la mayor parte de la humanidad.
Informe completo en este enlace
jueves, 5 de mayo de 2022
La destrucción de bosques en Venezuela
Contribuciones
La destrucción de bosques en Venezuela
El gobierno nacional consignó un documento en la COP26 del Acuerdo de París, en Glasgow diciembre 2021, en donde señala que no detendrá la deforestación en el país, que se continuará con la destrucción de al menos un millón de hectáreas de bosques naturales para el 2030, a una tasa promedio de 100.000 hectáreas por año durante 10 años consecutivos (2021-2030), dejando abierta la posibilidad de continuar la destrucción después del 2030.
Venezuela se abstuvo de suscribir la Declaración de Bosques de la COP26, en la que 140 países se comprometieron a detener la deforestación para el 2030 a más tardar.
(Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus Efectos. Josué Alejandro Lorca Vega, Ministro del Poder Popular para el Eco. Noviembre 2021).
Por
Venezuela ha destruido 12 millones de hectáreas de bosques naturales en los últimos 40 años. Una superficie del tamaño de Cuba (11,1 MM ha) o Nicaragua (13 MM ha), del tamaño de Grecia y la mitad del Reino Unido.
Según el Ministerio de Eco-Socialismo, en documento suscrito ante el Acuerdo de París en diciembre 2021, esta destrucción suicida continuará a una tasa de 100.000 hectáreas por año durante el período 2021-2030. Sin explicación o justificación alguna, Venezuela se niega a fijar un año límite para detener la destrucción.
La devastación del patrimonio forestal de Venezuela ha sido tan severo que, en la mitad norte del país, al norte del Orinoco (45 millones de hectáreas), donde se encuentra cerca del 90% de la población, menos del 16% de la superficie se encuentra hoy cubierta por bosques, en su mayor parte severamente fraccionados, degradados e intervenidos, reliquias de lo que alguna vez fueron majestuosas selvas tropicales. Una proporción similar a la de países africanos al sur del Sahara.
Mientras que al sur del Orinoco (47 millones de hectáreas), cerca del 80% de la superficie aún se encuentra cubierta por bosques.
Venezuela es uno de los ocho países de mayor riqueza en biodiversidad del mundo, con una base genética de incomparable valor medicinal, químico, industrial y estratégico, tanto para el país como para el resto del mundo. Aquí se encuentra el 15% de las especies de aves del planeta; más especies de mamíferos de los que se encuentran en toda África al sur del desierto del Sahara; más especies de plantas de las que se encuentran en Estados Unidos y Canadá juntos; más especies de árboles y peces que en toda Europa.
La mayor parte de esta fabulosa riqueza genética se encuentra relacionada con los bosques del país. Estos a la vez son fuente de agua, alimentos, oxígeno, fibras, maderas, minerales, medicinas, recursos genéticos, resinas, aceites, alcaloides, energía, materiales de construcción y otros productos. Manejados adecuadamente podrían convertirse en un significativo componente del desarrollo nacional.
La deforestación en Venezuela beneficia principalmente a un minúsculo grupo de empresarios, ganaderos, agricultores, madereros y mineros. En complicidad con la red de corrupción que permea el servicio forestal del Ministerio de Eco-socialismo, sirve además como mecanismo perverso para transferir la propiedad de la tierra del sector público al privado.
La tasa de destrucción de bosques naturales en Venezuela es totalmente injustificada. Es normalmente la principal causa de las inundaciones, las sequías y el desabastecimiento de agua que sufre más de la mitad de la población venezolana.
La deforestación anunciada por el gobierno nacional ante la ONU implica además la emisión de aproximadamente 60 millones de toneladas de CO2 anuales, 600 millones durante el período 2021-2030, sólo por concepto de biomasa aérea y tomando en consideración que las tierras deforestadas normalmente han sido previamente intervenidas y degradadas.
En el documento oficial en el que se anuncia esta trágica decisión, no se menciona justificación alguna, como si no fuese necesario, además de obligatorio, informar debidamente a la población al respecto.
En declaración pública del 30 de mayo 2021, el ministro de Eco-Socialismo, Josué Alejandro Lorca, recalcó que la Misión Árbol desde su creación en el 2006 ha sembrado 31 millones de árboles y ha reforestado 28 mil hectáreas en todo el país.
Se desprende que la superficie reforestada promedia 1.870 hectáreas por año. Durante ese mismo período, 2006-2021, se deforestaron 2.200.000 hectáreas de bosques naturales, a una tasa m de 147.000 hectáreas por año. La tasa de reforestación de la que alardea el Ministro de Eco-Socialismo es equivalente a apenas 1% de lo deforestado en ese mismo período.
El documento consignado ante la ONU menciona la reforestación de 3.000 hectáreas para el secuestro de carbono, cuando la tasa actual de deforestación es de 100.000 hectáreas por año. También se refiere a la plantación de 155.000 hectáreas en 8 años “para fomentar que las empresas plantadoras aumenten su superficie de manejo”. Da a entender que el plan de gobierno es reforestar 3.000 hectáreas en beneficio colectivo, y 155.000 hectáreas como subsidio a la empresa privada.
Degradación de bosques
Las emisiones de CO2 provenientes de la degradación de bosques es una variable normalmente ignorada, a pesar de tender a duplicar la contribución a las emisiones de CO2 por deforestación. En Venezuela, un territorio boscoso puede perder hasta el 80% de su biomasa forestal sin que tal destrucción sea incluida ni en las estadísticas de deforestación, ni en la contabilidad de emisiones de CO2. Sólo cuando la destrucción es extrema, sólo cuando la cobertura forestal se reduce a menos del 10% del territorio, es que se contabiliza como área deforestada. De esta manera se encubre con perversidad tanto una masiva degradación de los bosques del país, en beneficio privado, como su significativo aporte a las emisiones nacionales de CO2.
La administración forestal en Venezuela ha sido prostituida a tal extremo que enormes territorios que hoy son potreros, pastizales y tierras de cultivo, bajo propiedad privada, continúan siendo incluidos en las estadísticas nacionales como bosques naturales propiedad de la nación. De esta manera se encubren gigantescos delitos, la expropiación ilegítima de riquezas naturales y la transferencia ilícita de enormes superficies al sector privado.
Ejemplos abundan, aunque los más vergonzosos son los relacionados con las reservas forestales del país. Las reservas forestales, decretadas a inicios de los 60, son bosques públicos de carácter permanente. No son tierras para la conversión a la ganadería o la agricultura. Ni lo son para la transferencia al sector privado.
La reserva forestal de Turén, en el estado Portuguesa, excepcionalmente rica en biodiversidad, tanto vegetal como animal, originalmente con 116.400 hectáreas de selvas espectaculares, ricas además en Caoba, Cedro, Pardillo y otras maderas valiosas, fue totalmente destruida. Solo quedan minúsculos reductos que, juntos, suman aproximadamente el 5% de la superficie boscosa original. Hoy son lujosas fincas, tierras privadas de facto. Sin embargo, el gobierno continúa contabilizándola como reserva forestal y bosque natural en su extensión original (MinEc – Anuario Estadístico Forestal 2018, el más reciente disponible hasta la fecha).
Lo mismo ocurre con las reservas forestales de Caparo (174.400 ha), Ticoporo (187.200 ha), San Camilo (97.100 ha), Río Tocuyo (48.000 ha), Guarapiche (370.000 ha) y el bosque de San Pedro, entre otros territorios boscosos saqueados, destruidos y expropiados al país en los últimos 40 años.
En Venezuela, las figuras jurídicas de reserva forestal y lote boscoso se refieren a bosques delimitados para la explotación sostenible de maderas con fines industriales. La obligatoriedad del manejo sostenible de las concesiones forestales se encontraba establecida tanto en la legislación correspondiente, como en planes de manejo aprobados por el gobierno. La supervisión del cumplimiento de tales leyes y prácticas operativas es del Ministerio de Eco-Socialismo, antes Ministerio de Ambiente.
Unas 13 millones de hectáreas de majestuosas selvas naturales fueron delimitadas para tal fin cuando se repartió el país a inicios de los 60. Cerca de 4 millones de hectáreas fueron entregadas a empresas privadas para la explotación sostenible, de acuerdo con directrices técnicas y jurídicas impuestas por el Estado, para garantizar su permanencia como recurso natural propiedad de la nación.
En teoría.
En la práctica, plagada de corrupción, la dura realidad es un insulto a la nación, a generaciones futuras y a la profesión forestal. Los majestuosos bosques entregados en concesión fueron explotados como si fuesen minas, literalmente saqueados para enriquecer a un minúsculo grupo de empresarios y políticos, con la complicidad de los burócratas gubernamentales encargados de supervisar el cumplimiento de la reglamentación vigente.
El manejo forestal sostenible ha sido más un mito que una realidad. Las tierras entregadas en concesión a empresarios son hoy potreros en propiedad privada. Ninguno de los empresarios, ninguno de los funcionarios públicos involucrados, ha sido imputado por estos gigantescos crímenes contra el patrimonio de la Nación.
La destrucción del patrimonio forestal es una de las principales causas del desequilibrio ecológico del país, corroe las garantías de un desarrollo económico sostenible y compromete la seguridad y el bienestar de generaciones futuras.
Es necesario definir una estrategia para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bosques nacionales. Es necesario evitar que el desarrollo lleve implícito la destrucción del patrimonio forestal y genético de la nación.
Conviene que el gobierno nacional someta a consideración pública los motivos que lo impulsan a sacrificar otro millón de hectáreas de bosques naturales durante el período 2021-2030. Por el bien de generaciones futuras, Venezuela debe comprometerse a detener la destrucción de los bosques naturales del país para el 2030 a más tardar.
Documento completo en este enlace
viernes, 27 de marzo de 2020
Ambiente y Universidades Sostenibles. Capitulo Venezuela
Investigación interinstitucional (2016-2017)
- Por la propia aplicación del instrumento RISU y confrontación de información de las diferentes dimensiones de análisis en personas con cargos gerenciales.
- Por la presentación de los resultados, como compromiso de cada investigador, en el órgano de mayor representatividad en las universidades participantes.
María Angela Flores-P.
27/03/2020
Informe de Resultados del Proyecto RISU
miércoles, 25 de marzo de 2020
Comentarios sobre libros
Sobre el tema del agua.
Los derechos humanos al agua y al saneamiento:
una visión desde el Derecho Internacional, Europeo y Español
https://www.academia.edu/36004737/Los_derechos_humanos_al_agua_y_al_saneamiento_una_visi%C3%B3n_desde_el_Derecho_Internacional_Europeo_y_Espa%C3%B1ol?email_work_card=title
Adelina Colmenarez
22/03/2020
El humano derecho al agua
Sociedades vulnerables e insostenibles
Por: Andrés Aguiar Zuluaga, Dr
Profesor UPEL –IMPM,
Comunicador Social
Premio Regional de Periodismo 2004.
20/03/2020
miércoles, 5 de febrero de 2020
Proyecto: Avances y retrocesos de la responsabilidad ambiental en las universidades venezolanas: una cuestión de derechos humanos
- Carelia Hidalgo ( FURG-Brasil)
- Adelina Colmenarez (UCLA, Barquisimeto, Lara, Venezuela)
- María Angela Flores P. (UC, Valencia, Carabobo, Venezuela)
- Andrés Aguiar (UPEL-IMPM Caracas, Venezuela)
- María Elena Hidalgo (UPEL-JMSM-Caracas, Venezuela)
- Ana Bracho (IUDAG, Caracas, Venezuela)
- Nila Pellegrini Blanco (USB, Caracas, Venezuela)
- Roxy Pérez (UC, Valencia, Carabobo, Venezuela)
- Abel Rodríguez (Unesur, Santa Bárbara, Zulia, Venezuela)
- Geovanni Siem (UCV, Caracas, Venezuela)
- Joaquín Benítez (UCAB, Caracas, Venezuela)
- Mariadela Mendoza (UNELLEZ, Barinas, Venezuela)
- Olga Ochoa (UNELLEZ, San Carlos, Cojedes, Venezuela)
Álvarez, A. (22 de junio de 2019) Carta a Michelle Bachelet por la situación de los derechos humanos ambientales en Venezuela. [Mensaje en un blog] Recuerado de http://forotuqueque.blogspot.com/2019/
Benayas, J. et al. (2014) Proyecto RISU. Resumen Ejecutivo Proyecto RISU. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid y Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente. 52 p.,
COP27: La Traición
COP27: La Traición Julio César Centeno Tras 30 años de negociaciones infructuosas sobre el calentamiento global en el seno de la ONU, su S...
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